Condenado asegura que se cometió un terrorismo de Estado

Edgar Martínez Sacoman, del Movimiento Canábico Medicinal e Industrial Paraguay, quien fue condenado a cinco años de prisión por producir aceite de cannabis para uso medicinal, en contacto con Radio 1000, aseguró que la sentencia no fue solo aplicada a su persona, sino “a un pueblo que fue abandonado por el Estado paraguayo”. Martínez consideró que fue criminalizado por producir su propia medicina natural.

“Esto es un terrorismo de Estado protagonizado por el fiscal Elvio Aguilera Vázquez y por los tres jueces que ayer me condenaron sin ningún tipo de criterio de objetividad, sin ningún tipo de escrúpulos, sin ninguna coherencia, sensatez ni nada por el estilo”, sentenció.

Dijo que en el proceso judicial abierto en su contra fueron excluidos testigos suyos que fueron beneficiados con la medicina producida a partir del aceite de cannabis. Apuntó que aunque fueron admitidos algunos testigos, la declaración de estos no fue valorada debidamente por los magistrados.

Expuso que tampoco fueron consideradas algunas pruebas presentadas a su favor, como certificados internacionales de especialización en el uso de este tipo de medicina.

Martínez Sacoman admitió que es conciente de que la producción de cannabis está prohibida en Paraguay. No obstante apuntó que la restricción actualmente solo afecta al uso de sustancias para el narcotráfico, lavado de dinero y todo lo concerniente al crimen organizado.

“Nunca esperé estar en esta situación, una tarea noble, humanitaria, estoy haciendo una tarea que el Estado debería cumplir”, aseveró.

Reveló asimismo que varios legisladores, jueces, fiscales y profesionales del derecho ya le sugirieron denunciar su caso ante organismos tanto nacionales como internacionales.

Edgar Martínez Sacoman salió al paso de los argumentos presentados por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Arnaldo Giuzzio, para justificar su condena. A criterio del afectado, la sentencia se aplicó en base a leyes desfasadas que datan del año 1988.

“Ustedes creen que había cannabis medicinal en esa época, no podemos pues estar retrocediendo en el tiempo, tenemos que avanzar y es algo incontenible”, acotó.

El condenado puntualizó que cuando se dio el allanamiento a partir del cual se inició el proceso judicial en su contra, no existía una ley que autorizaba la importación y el uso medicinal de la hierba. Destacó asimismo que priorizó la atención urgente de los pacientes por sobre los permisos o la habilitación.

Finalizó diciendo que detrás de su condena hay una mano negra, intereses creados, y una política persecutora proveniente de los Estados Unidos.

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