Investigación en proceso

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, en contacto con Radio 1000, informó que la institución a su cargo inició una investigación de oficio a los efectos de verificar la regularidad o no de una adjudicación que recibió el consorcio donde se encuentra incorporada una empresa vinculada al exjefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Julio Ullón. Recordó que la Ley de Contrataciones Públicas, en el artículo 40 inciso A, prevé las incompatibilidades hasta un nivel determinado de parentesco.

Seitz explicó que la intervención de la DNCP se dio a raíz de una consulta realizada por el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Luis Villordo, sobre los alcances de una licitación concedida a la firma Intec, propiedad del dirigente político de Añetete.

“A partir de esos datos, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, más que responder a la consulta lo que hace es iniciar el proceso de investigación de oficio para determinar si fue o no regular el acto de adjudicación”, aclaró.

El funcionario de gobierno destacó asimismo que se ordenó la suspensión del proceso licitatorio a raíz de la existencia de cuatro protestas acumuladas, sumadas a la investigación de oficio.

En cuanto la licitación que hoy es objeto de averiguaciones, indicó que esta fue convocada con la administración anterior de la ANDE y concluida ya en la gestión actual.

Comisarías de "oro"

En cuanto al proceso de adquisición de comisarías móviles por parte del Ministerio del Interior, el director de Contrataciones Públicas explicó que se está verificando el valor de los ítems que componen la oferta global.

Expresó que el ente a su cargo inició el trámite a instancias de publicaciones de prensa que resaltaron las diferencias de montos que existirían entre las adquisiciones y los precios que se observan usualmente en el mercado. Dijo que la DNCP dispuso la suspensión del contrato mientras dure la investigación.

“No hay mucho más que ejecutar tengo entendido de parte del contratista, a parte también de los análisis que hacemos, y de parte del Estado, el Ministerio del Interior en este caso, todavía queda un remanente de aproximadamente 10% del valor del contrato, unos 150 millones de guaraníes a ejecutar que están congelados mientras dure la investigación”, apuntó.

Puntualizó que en este caso lo que se está analizando no es la regularidad de la adjudicación ni del proceso en sí, sino de la estimación de precios y de los valores ofertados.

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