Hablan de un ‘oligopolio’ respaldado por el viceministro de Transporte

El abogado César Martínez Téllez, representante legal de la empresa “29 de Septiembre”, línea 18 (rojo), en contacto con Radio 1000, denunció que la actuación del titular del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (CETRAPAM), César Ruiz Díaz, al amenazar con un paro en el servicio, es una conducta punible prevista en el artículo 218 del Código Penal referente a la perturbación de un servicio público de carácter indispensable.

Además resaltó que la Ley 1626 de la Función Pública establece que todos los trabajadores y prestadores tienen derecho al paro, excepto aquel que sea indispensable, entre ellos el transporte público.

El profesional del derecho cuestionó asimismo al dirigente del sector empresarial, por hablar desde la comodidad de percibir un subsidio que ronda los 80 millones de dólares, para coaccionar a otras firmas que no reciben este beneficio.

“Es muy cómodo subsidiar la compra, más de 10 millones de dólares, y más de 70 millones de dólares, otra vez cobrar un pasaje diferenciado, otra vez no cubrir de noche, cubrir como se le antoja, dejar de cubrir los ramales no asfaltados, hacerse del 80% todas las líneas, de todos los recorridas, no pasar las licitaciones por la DNCP sino por una ley especial, e ir dibujando todas las cuestiones reglamentarias que hacen que ellos se queden en un cuasi monopolio ya, hoy oligopolio”, sentenció.

El asesor jurídico de la firma cuestionada por la CETRAPAM acusó asimismo al viceministro de Transporte, Pedro Britos, de responder a los intereses de los empresarios por cuestiones políticas.

“Pregúntenle si así de rastrero, sometido y servil hay que ser a un empresario, con esos subsidios y con esos bonos, o sea, cero inversión, cero costo, cero riesgo y alto chantaje, como diría mi padre ‘así cualquiera’”, aseveró.

Martínez Téllez aseguró que la empresa “29 de Septiembre” cuenta aun con una medida cautelar vigente y por ende puede seguir circulando.

“La Policía Nacional así lo entendió y emitió un dictamen, lastimosamente las instituciones no funcionan, igual la Policía sale a perseguir y a coaccionar a nuestra prestación de servicios”, expuso.

Puntualizó que los actos de violencia adjudicados a la firma que representa, son realizados realmente por unidades piratas que usan el nombre de la empresa. “Desde febrero del 2018 yo vengo denunciando por escrito ese tema”, acotó.

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