“Falsificación de firmas a favor de la enmienda constituye un hecho punible”

Las 366.000 firmas de ciudadanos presentadas por el oficialismo colorado a la Justicia Electoral solicitando el tratamiento del proyecto de enmienda de la Constitución Nacional para habilitar la reelección presidencial, fueron realizadas en un procedimiento poco serio y extraño, según indicó Rocío Vallejo, abogada penalista y exfiscal Anticorrupción, quien aseguró que existen consecuencias penales ante la falsificación de rúbricas en el caso.

 “El art. 246 del código Penal establece claramente en su inciso segundo que se entiende como documento, la declaración de una idea formulada por una persona de forma tal que, materializada, permita conocer su contenido y su autor. Y aclara que un documento no auténtico es aquel que no provenga de la persona que figura como su autor”, explicó Vallejo.

Asimismo, refiriéndose puntualmente a los casos de falsificación de firmas y   aparición de  rúbricas de ciudadanos fallecidos, señaló que esta situación debe ser denunciada por ser un hecho punible. Incluso,  debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público, debido a  que las firmas no provienen de quienes figuran como su autor, existiendo serios indicios de la presencia del hecho punible de producción de documento no auténtico y luego la utilización de esos documentos.

“Se pueden hacer las denuncias al Ministerio Público, quien tendrá a su cargo durante la investigación, la identificación de las personas que hicieron firmar las planillas para determinar luego a los responsables de la  adulteración de firmas. Nuestro Código Penal no prevé la responsabilidad penal de personas jurídicas, es decir, la responsabilidad no puede caer sobre la Asociación Nacional Republicana (ANR)”, detalló la abogada.

Cabe mencionar que una vez que se haya identificado a las personas que adulteraron las firmas, estas se exponen a penas privativas de libertad de entre seis meses y cinco años, o multas. Y en los casos agravados, como en los que una persona haya falsificado más de 20, 30 o 40 firmas, puede recibir penas de hasta 10 años.

Por otra parte, expresó que se deben realizar los debidos controles sobre las planillas y derivar el análisis de la legitimidad de las firmas a peritos calígrafos. “Hay casos en los que a simple vista se notan similitudes en las firmas, se tienen que realizar comparaciones con los registros de firmas de la Policía Nacional, requerir informes a la Dirección del Registro Civil para los casos de sospecha de fallecidos, o aplicar los métodos que el Ministerio Público tenga a su alcance para que el proceso sea lo más transparente posible”, puntualizó.