Imputan a dos funcionarios del Ministerio de Salud por lesión de confianza

El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, José Dos Santos formuló imputación contra José María Ruiz Díaz y Federico Fabián Gill Ramírez por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Ambos titulares de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud y Administrador del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

Igualmente el representante del Ministerio Público, solicitó al juez Penal de Garantía la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva tales como; obligación de presentarse periódicamente ante el juez; prohibición de salir del país y la prestación de fianzas reales y personales que el Juzgado considere pertinente.

Según consta en la carpeta fiscal, el 17 de octubre del año 2011 entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, representado por José María Ruiz Díaz y la representante de una empresa distribuidora de medicamentos firmaron un contrato. La primera de las partes se comprometió a adquirir de la segunda cantidades puntuales de los fármacos denominados genéricamente DESMOPRESINA y FILGRASTIM por un valor total de Gs. 8.262.456.000. 

En la cláusula 7 de este contrato se establecieron plazos, lugares y condiciones de entrega de los fármacos, dentro del detalle de la tercera entrega, el contrato establecía que, “las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, conforme a la necesidad del Instituto Nacional del Cáncer".

En otra parte del documento, el fiscal anticorrupción expresa, “se emitieron tres órdenes de compra a favor de la distribuidora: la primera orden por valor de G. 2.478.736.800; la segunda por valor de G. 1.652.491.200 y la tercera por la suma de G. 4.131.228.000. Estas dos últimas fueron emitidas el 18 de octubre del año 2011 y tenían como plazo de entrega el 16 de diciembre del mismo año. Las tres órdenes de compra individualizadas fueron firmadas por Ruiz Díaz y Gill Ramírez en su carácter de Director General”. 

Además, en el mismo documento consta, “es dable destacar que tanto en el Pliego de Bases de Condiciones como en el contrato suscrito con la empresa adjudicada, se estableció en forma taxativa que la “3ra Entrega –correspondiente al 50% final-, debía ser emitida entre los 60 y 360 días a partir de la firma del contrato, conforme a la necesidad del Instituto Nacional del Cáncer”. 

Dicha condición no se habría respetado, pues existió, aparentemente, una orden de compra emitida por la suma de G. 4.131.228.000, el 18 de octubre de 2011, con antelación al cumplimiento de plazo mínimo de 60 días estipulado para su emisión. De la misma forma, la orden fue emitida sin “solicitud” o “expresión de necesidad” formulada por el Instituto Nacional del Cáncer. 

Los medicamentos adquiridos fueron entregados al Instituto del Cáncer los días 15 y 16 de diciembre de 2011, dándose cumplimiento a la citada orden de compra que establecía que la fecha de entrega debía ser el 16 de diciembre de 2011. Pero, la tercera entrega podría haberse evitado si la Dirección de Insumos Estratégicos lo anulaba tal como lo solicitó el Dr. Héctor Dami Cañiza a través de una nota. 

A pesar de ser advertidos, los responsables de la Dirección de Insumos Estratégicos en Salud no habrían hecho nada al respecto y no evitaron que los medicamentos adquiridos mediante la tercera orden de compra no sean entregados. 

Finalmente, en el escrito de imputación el fiscal Dos Santos manifestó “se habrían adquirido una cantidad de medicamentos puntuales muy superior a la necesaria, lo cual acarreó que cayeran en desuso y su posterior vencimiento, lo que a su vez supone un perjuicio económico para el Estado Paraguayo ya que el mismo ha pagado la totalidad de los medicamentos adquiridos”.