La decisión de la Cámara de Apelaciones de Concepción crea un antecedente de sometimiento de las resoluciones de los jueces penales de garantías a los requerimientos fiscales según denunció el abogado Florencio Díaz, quien anunció que apelará la disposición en primera instancia ante la Corte Suprema de Justicia, y en último caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.