Roberto Velazquez, agente del Ministerio Publico que lleva adelante la causa, anunció que la pena privativa de libertad por este hecho puede alcanzar de entre 2 hasta 10 años. “No obstante, y por suerte, esto nos permite medidas alternativas a la prisión, si nos muestra el responsable que es alguien sin antecedentes, y que permitirá una sanción sin evitar su desarrollo social”.