El agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Martin Cabrera, imputó a 31 funcionarios de Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo(Senepa), por el supuesto desvío de recursos correspondientes a cupos de combustibles, destinados para las actividades propias de la institución, tanto para el área central como para el interior del país.

El acta fiscal dicta la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso y cobro indebido de honorarios.

Los procesados son Silvio Ortega Rolón; ex director general de la institución, Nicolás Augusto Velardez Miltos; ex secretario privado de la Dirección General, Gustavo Adolfo Ramírez Paredes; ex director administrativo, Gustavo Adolfo Bordón Céspedes, exjefe de Transporte; Ángel Daniel Perucchino, ex encargado de la Unidad de Gestión de Combustible, Lucio Carlos Benítez Gauto, exjefe de las Zonas Operativas Regionales y Juan Salas, encargado de Coordinación de Zonas.

Además, están imputados los jefes de diferentes áreas del país, identificados como César Enrique Perruchino (Boquerón), Eladio Monteggia (Pedro Juan Caballero), Cayo Benítez Sosa (Curuguaty), Gualberto Esteban Cataldo (Concepción), Asterio Martínez ( Itapúa), Claudelino Godoy Díaz (San Pedro), Pedro Mereles Zarate (Alto Paraná), Justo Ramón Medina (Coronel Oviedo), Pablo Emiliano Barreto Ledesma ( Puente Kyha), Ricardo Amadeo Ferreira Rivas (Presidente Hayes).

También forman parte de la nómina de imputados, los choferes del Departamento de Trasporte, Jorge Ramón Viveros Martínez, Idalino Romero, Marcial Medina Flor, Julio César Romero Flores, Andrés Vera, Rubén Darío Brizuela Rojas, Casimiro López Caballero, Daniel Ayala, Luis Brítez Ortega, Celso Ferreira Ruiz Díaz, Francisco Fariña Núñez, Carlos Balmaceda, Rened Aldemar Chávez y Fernando Romero.

?El representante del Ministerio Público, solicitó al juez Penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los supuestos implicados en los ilícitos.

Según refieren los antecedentes, el Ministerio Público intervino en la causa a raíz de una denuncia formulada el 26 de mayo de 2015, por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.